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«El viaje de la basura» en El País

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Hace unas semana apareció publicado en El País un artículo titulado «El viaje de la basura: de los municipios que aún no tienen ni contenedor de orgánico a los campeones del reciclaje«, firmado por Clemente Álvarez.

Es un reportaje que ilustra bien la situación de la gestión de los residuos municipales en España, que está lejos de ser ideal con respecto lo marcado en la legislación europea, y que es muy diversa sin comparamos comunicades autónomas y municipios. De esta cuestión ya se trató en una entrada anterior, en mayo de 2021, elaborada también tras la publicación de un reportaje en el mismo periodico («El viaje no tan circular de los residuos domésticos en España»). La situación ha mejorado un poco desde entonces pero todavía queda mucho camino por recorrer.

El objetivo marcado en la UE para el presente año 2025 era que al menos el 55 % de los residuos municipales se sometieran a reutilización y reciclado. Pues bien en este momento a nivel estatal nos situamos en el 44 %, si incluimos en este porcentaje el residuo orgánico que se recupera en las plantas de tratamiento de residuos a partir de la basura mezclada. Si excluimos esa parte (que es lo que habrá que hacer a partir de 2027, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1004 de la Comisión Europea), la cifra se reduce al 26 %, los materiales recogidos de forma separada que son sometidos a operaciones de reutilización y reciclado. Es decir, en rigor, estamos por debajo de la mitad del objetivo establecido para 2025.

La baja tasa de reciclado hace que más de la mitad de los residuos municipales en España se sometan a eliminación, siendo los vertederos el destino mayoritario (46 %). Este porcentaje ronda el doble que la media europea, y hace que el objetivo marcado desde europa para 2035, consistente en no depositar en vertedero más del 10 % de los residuos municipales, parezca francamente dificil de alcanzar.

Esta situación ya la puso en envidencia la Comisión Europea en 2023, en un Informe de alerta temprana al que se hace referencia en el artículo. En dicho informe se señala que las principales deficiencias y retos a afrontar en la gestión de residuos municipales en España tienen que ver con:

Bajas tasas de recogida separada de materiales reciclables. En 2020 eran 30 % para el papel y cartón y los metales, 20 % para el plástico y 11 % para los biorresiduos.

Baja proporción de la población con acceso a servicios de recogida separada de residuos orgánicos, y falta de infraestructuras suficientes para el tratamiento biológico de los biorresiduos (compostaje y digestión anerobia)

Dependencia excesiva del depósito en vertederos y de las plantas de tratamiento mecánico biológico, vinculada evidentemente a lo anterior.

En el reportaje de El País se señala que la situación no es igual en todas partes, que hay regiones y municipios donde se hacen mejor las cosas y otras en las que la situación aún es peor.

Diferencias en reciclado

Por Comunidades Autónomas, Navarra, Cataluña y País Vasco se situarían a la cabeza en tasa de reciclado, dado que más del 40 % de los residuos municiales (procedentes de separación) se reciclan, muy por encima del 26 % promedio. Por el contrario, diez CC.AA. se situan claramente por debajo de dicha media, destacando Ceuta, Melilla, Castilla-La Mancha y Andalucía con valores de entre el 10 y el 15 %.

Si sumamos la fracción orgánica reciclada a partir de basura mezclada, en plantas de tratamiento mecánico-biológico, algunas regiones mejoran mucho sus números, como La Rioja (69 %), la Comunidad Valenciana (60 %), Extremadura (57 %), también Cataluña (62 %). No obstante, hay que indicar otra vez que esta fracción no se podrá incluir en la contabilización a partir de 2027.

Diferencias en eliminación: vertido e incineración

Exceso de vertido. La fracción eliminada en vertedero en algunas regiones es extremadamente elevada como es el caso de Ceuta (87 %), Asturias (75 %), Murcia (70 %), Canarias (67 %). En muchas otras ronda el 60 % (Castilla-La Mancha, Andalucía, Castilla y León, Aragón, Canarias, Comunidad de Madrid). Extremadura y Navarra se sitúan sobre la media estatal (44-46 %).

Incineración. Donde menos vertido existe es en Cataluña, y en aquellas regiones donde la incineración es importante como medio de eliminación de residuos. Por término medio solo el 10 % de los residuos municipales se incineran, una proporción menor que la media europea, que ronda el 26 %, y mucho menor que la de un buen número de países del centro y norte de Europa. En España, la incineración de residuos municipales únicamente se aplica en siete CC.AA, siendo significativa en cinco de ellas. Es el caso del País Vasco, también de Cantabria y Galicia, pero sobre todo de Melilla y Baleares, donde prácticamente no se deposita nada en vertedero y la incineración es el método de tratamiento de residuos predominante.

Diferencias entre municipios

La gestión de los residuos municipales depende de las administraciones locales. El artículo señala que existe «un abismo» entre municipios en los que ni siquiera se han implantado sistemas de recogida separada de biorresiudos (aspecto este obligatorio desde el 30 de junio de 2022 para poblaciones de más de 5.000 habitantes, y desde el 31 de diciembre de 2023 para el resto, según la ley 07/2022 de residuos y suelos contaminados), y capitales como Barcelona o Pamplona, donde se han implantado contenedores inteligentes que se abren con tarjeta, y municipios más pequeños como Zaldibia (Guipuzcoa) o Argentona (Barcelona), que han puesto en marcha sistemas que incentivan la separación y la prevención vinculando la cuantía de las tasas de basuras a la generación (quién menos tira, menos paga).

Pérdidas alimentarias: 400.000 toneladas de limones se quedan en el árbol

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En los últimos días se suceden en los medios de comunicación noticias relatando que esta campaña en España se van a quedar sin recoger 400.000 t de limones, nada menos que un 27 % de la producción prevista, porque el precio en origen es tan bajo que no compensa los costes de producción, lo que supondría unas pérdidas de unos 120 millones de euros, según la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).

En Agroinformación.com se hacen eco de la opinión la COAG, que viene a señalar que «el sector se encuentra ante un mercado altamente especulativo, con un creciente grado de integración en sustitución de un modelo social de citricultura, y sin elementos precisos para la gestión de las crisis más graves, como es el caso de la actual. El creciente volumen de importaciones que hunden los mercados europeos, las alteraciones de cambio climático y las enfermedades y plagas, en ocasiones también importadas, así como el aumento de superficie de los últimos años, han derivado en esta penosa situación».

En un artículo reciente del El País, con el explicito título España tira 400.000 toneladas de limones: “Se nos ha ido la mano con la producción”, se da más peso a está última razón. Contrastan las opiniones de la COAG con las de la Organización Mundial de Cítricos (WCO, por sus siglas en inglés) y de la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo (Ailimpo), que señalan que el principal motivo de la situación actual está en que la superficie de cultivo ha crecido excesivamente los últimos años (en 8 años ha pasado de 36.000 a 53.000 ha) generando una producción muy por encima de lo que el mercado es capaz de absorber.

Señalan que la entrada en el mercado de cítricos de terceros países (como Turquía, Egipto, Sudáfrica, Etiopía) no es una causa relevante en el desequilibrio, porque en este momento en Europa 3 de cada 4 limones siguen procediendo de España, como ha ocurrido en los últimos años. Abogan por una reducción de la superficie de cultivo acompañada por medidas que incentiven una transición hacia «un modelo más respetuoso con el medio ambiente, impulsando la agricultura regenerativa o la gestión de fincas de limoneros como bosques para promover los créditos de carbono o de biodiversidad».

Pérdidas de alimentos y derroche de agua en El País

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El pasado 18 de febrero el diario El País publicó un interesante reportaje titulado «El gran derroche de agua: miles de millones de litros para regar frutas y hortalizas que acaban desechadas o como comida para animales».

El reportaje visualiza de una forma a mi juicio bastante acertada la realidad, poco tratada en los medios, y que apenas aparece en la agenda política ni estatal ni europea, de las de las grandes cantidades de productos agrícolas, frutas y hortalizas, que se producen con destino al consumo humano, pero que no llegan a dicho destino, sino que bien quedan en el campo (las llamadas pérdidas de alimentos, de acuerdo a la ley de prevención de las pérdidas y desperdicio), bien se donan, se redirigen a alimentación animal, o se gestionan como residuos.

Esto implica un impacto medioambiental evidente, puesto que en la producción de dichas frutas y hortalizas se invierte de una forma (casi) baldía muchos recursos: ocupación de tierras, semillas, fertilizantes, pesticidas, etc. Y agua, un gran derroche de agua, aspecto en el que incide particularmente el reportaje.

En el reportaje se señalan algunas de las ya conocidas causas de todo esto, que determinan que el precio que se ofrece al productor sea tan bajo que ni siquiera permite igualar los costes de producción. Causas vinculadas a que la distribución no da salida comercial a aquellas frutas y hortalizas que no sean «perfectas», alegando que los consumidores solo miramos el precio y al mismo tiempo no aceptamos productos con «defectos estéticos«, con la más mínima marca, o con un tamaño o forma «inadecuados». Y causas asociadas a una sobresaturación del mercado derivada de una sobreproducción y/o a la competencia de productos de importación más baratos.

El reportaje hace referencia a la retirada oficial de productos agrícolas del mercado, que es subvencionada por la UE a través de las OPFH (Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas). Señala que los datos oficiales hablan de una media en los últimos seis años de 70 millones de kilos anuales de frutas y hortalizas en el país. Antes, hace no tantos años, buena parte de estas retiradas se enterraban o eliminaban en vertedero. Afortunadamente esto ha cambiado, y ahora mismo la UE subvenciona su redirección priorizando la donación a comedores sociales y entidades benéficas como bancos de alimentos (54,6 % de las retiradas), seguida de la redirección a alimentación animal (32,7 %). Un 12,6 % se gestiona como residuo (compostaje, biometanización, etc.).

El reportaje hace referencia a un trabajo de investigación realizado en la Universidad de Alicante bajo la dirección de Fernando Maestre, que analiza la huella hídrica vinculada a esas retiradas del mercado de las OPFH. Así, el consumo de agua de riego sería, por término medio, de 10.700 millones de litros que equivaldría a «538 barcos cisterna al año como los que se quiere llevar a partir de junio a Barcelona si sigue sin llover». Si se incluyen también el consumo de lluvia o el agua contaminada por los cultivos la huella hídrica crece hasta 31.000 millones de litros anuales.

Los datos indican que el tomate es el producto retirado en mayor volumen, pero no el de mayor huella hídrica. Es mucho mayor la correspondiente a ciruelas, caquis, naranjas y nectarinas, entre otras frutas.

Es un volumen muy elevado de productos y de agua pero, tal y como enfatiza el reportaje, esto solo sería la punta del iceberg. Estos datos de huella hídrica están vinculados exclusivamente a los datos de frutas y hortalizas retiradas, datos registrados oficialmente, pero las cantidades reales de productos agrícolas producidos pero no comercializados son mucho mayores. En palabras de Fernando Maestre, los datos de la investigación que ha liderado aunque subestiman el alcance real del problema serían un buen reflejo de «la manera en la que producimos alimentos, con una sobreproducción de la que se habla muy poco”. El autor opina en este sentido que “con los problemas de sequía que tenemos en tantas regiones de España, que estemos tirando esta cantidad de agua es un disparate”.

Premio al proyecto Buruxka

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Recientemente el proyecto Buruxka (Recuperación del espigamiento como valor social y ambiental), del que hemos hablado en varias entradas, y en el que la Universidad Pública de Navarra ha participado, ha sido reconocido como una de las tres mejores prácticas en la edición XXII de los premios José Ignacio Sanz Arbizu a las mejores prácticas en Desarrollo Local Sostenible. El premio lo otorga El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.

Enlaces:

Críticas a la Ley española de prevención de las pérdidas y desperdicio

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El proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario ha recibido algunas críticas desde frentes diversos.

En este articulo de opinión publicado en el Blog Plantea Futuro de El País, y firmado por Cristina Romero (iniciativa ”No al despilfarro de alimentos en comedores escolares») en nombre del colectivo #LeySinDesperdicio. Este colectivo agrupa a un buen número de organizaciones vinculadas a la lucha contra las pérdidas y desperdicio de alimentos. Afirman que la ley es poco ambiciosa, que se necesita una ley verdaderamente «transformadora», que debe ir al origen y «centrarse en la prevención de las pérdidas y el desperdicio, y evitar que se generen excedentes alimentarios a lo largo de la cadena: es mejor prevenir que curar». Hacen hincapié en que la ley debe ser más precisa en sus definiciones clave y más explicita a la hora de establecer la necesidad hacer un buen diagnóstico de la situación y la exigencia de que los diferentes agentes de la cadena cuantifiquen el desperdicio de alimentos. Para ello las administraciones deberían dotarse de mecanismos y recursos para impulsar dicha cuantificación y acometer la necesaria vigilancia.

10 puntos para una #LeySinDesperdicio:
1. ¡Mejor prevenir que curar! Y en cuestión de desperdicio alimentario más. Debemos cambiar la lógica: producir lo necesario para evitar desperdiciar y no tener que gestionar las pérdidas.
2. No podemos solucionar lo que no conocemos. Es imprescindible medir el desperdicio en todas las fases de la cadena alimentaria: desde el campo a la mesa. Con metodología adecuada a cada uno de los actores y recursos necesarios para poder evaluar a futuro.
3. Necesitamos medir cuánto, pero también CÓMO se desperdicia, para adecuar las soluciones a cada situación.
4. La rebusca o espigueo en los campos de cultivo es un mecanismo que reduce el desperdicio y ayuda a cuantificar las pérdidas en la fase de producción.
5. Una ley es más efectiva cuanto menos espacio deje a la interpretación. Por eso, necesitamos precisar las definiciones clave de manera objetiva: desperdicio, pérdida, etc
6. La medición de las pérdidas y el desperdicio alimentario debe ser una acción obligatoria y no voluntaria para todas las entidades / empresas de la cadena.
7. Es importante que la ley recoja las sanciones necesarias para evitar la tentación de esquivar el principal objetivo de la ley: reducir el desperdicio alimentario en todas las fases. Junto a las sanciones es crucial incluir acciones pedagógicas y medidas que faciliten el cumplimiento.
8. La administración debe jugar un papel importante de vigilancia en el cumplimiento de la ley.
9. Creemos que la ley debe marcar plazos para su desarrollo y los instrumentos necesarios para su puesta en marcha, como el Plan Estratégico, el Plan de Control, las guías propuestas, etc.
10. Incluir la creación de un espacio de participación, decisión y acompañamiento en el que estén todos los actores involucrados, incluida la sociedad civil, para el cumplimiento de la ley.

En este artículo del Eleconomista.es se hace referencia a las críticas vertidas desde el Consejo Económico y Social (CES) y desde la Asociación de Fabricantes y Distribuidores AECOC.

El CES hace referencia de nuevo a la falta de claridad y precisión de algunos conceptos y definiciones que dañan la seguridad jurídica del texto. También señala, en línea con lo reclamado por el colectivo #LeySinDesperdicio, que es llamativo que no se haga más énfasis en la prevención de las pérdidas y desperdicio, y que no se coloque esta cuestión en lo alto de la jerarquía de prioridades. También AECOC reclama que la ley debería «incidir más en la prevención».

El CES hace también referencia a que la ley debe exigir que «las donaciones, se lleven a cabo con plenas garantías de la salvaguarda de la seguridad alimentaria y la calidad de los productos». En su dictamen también aboga «porque la ley, antes de su entrada en vigor, tenga en consideración las distintas características de los distintos sectores que van a verse afectados, como el tamaño de las empresas, los autónomos, así como la conveniencia de reforzar el sistema de incentivos, entre otros, los de carácter fiscal».

En la misma línea, AECOC, como asociación empresarial, crítica el espíritu sancionador de la ley y muestra su preferencia por otros modelos más incentivadores, como el italiano.

En relación al plan de prevención de perdidas y desperdicio que contemple cómo se aplica la jerarquía de prioridades (artículo 6), AECOC señala que «convendría precisar si las empresas van a tener la obligación de presentar/registrar el plan que exige la Ley y, en ese caso, ante quién debe presentarse».

Otro aspecto en el que incide AECOC es en que la ley debe ser más precisa en su exigencia de trazabilidad (artículo 9). Consideran «fundamental indicar qué tipo de trazabilidad se va a exigir en la donación/redistribución de alimentos» que en este terreno opinan «que disponer de trazabilidad por lote es extremadamente complejo en estos casos y, quizás, imposible de cumplir por parte de las entidades beneficiarias». A AECOC le preocupa que la ley genere mucha burocracia «que reste eficiencia y competitividad a las empresas».

“La Alimentación no tiene desperdicio” es una iniciativa de colaboración para reducir el desperdicio alimentario liderada por AECOC (https://www.alimentacionsindesperdicio.com/)

En este otro artículo de Agrodigital.com aparecen las críticas de la organización agraria Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, que considera que debería desaparecer de la ley la expresión de pérdidas. La organización interpreta que la ley viene a señalar que la parte de la producción de una explotación que no se comercializa es una «perdida asimilable a un desperdicio alimentario» que estaría sujeta a penalizaciones o a la imposición de obligaciones que supondrían para el productor costes adicionales al coste ya ocasionado de producir y no comercializar.

Que a su juicio, debe quedar muy claro en la ley que el desperdicio «sucede a partir de la primera entrega de productos primarios». Mi impresión es que confunden algunos aspectos de la ley, que la misma habla de desperdicio precisamente en dichos términos, que cuando plantea obligaciones o buenas prácticas específicas se centra en la parte en los eslabones de distribución y venta, hostelería y restauración, en las entidades receptoras de donaciones, en algún caso en la industria. Y que no plantea penalizaciones ni obligaciones (al menos no de forma específica) en lo que tiene que ver con las pérdidas y el sector primario.

«La trampa de la comida barata»

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En parte a consecuencia de las últimas polémicas sobre las «macrogranjas», el pasado 30 de enero, en su sección Clima y Medio Ambiente, el diaro El País publicó un amplio reportaje titulado «La trampa de la comida barata», en la que trata el impacto ambiental derivado de la producción alimentaria en España. El reportaje analiza cinco casos o productos.

Carne de vacuno. El reportaje compara el impacto ambiental de la producción intensiva y extensiva de ganado vacuno, en particular la huella de carbono, ilustrando que el tema es complejo y menos evidente de lo que a priori puede parecer.

Lechuga. Se centra en la producción intensiva de lechuga y en general, de hortalizas, en el Campo de Cartagena, de las consecuencias que tiene sobre la contaminación de las aguas del Mar Menor, derivada de la fertilización y uso de pesticidas; y de la dificultad de revertir la situación, debido a la magnitud del daño acumulado y de la escala de superficie dedicada a esta producción.

Fresas. Trata el impacto de la producción intensiva de fresas en el agotamiento de acuíferos. Habla en concreto de la afectación del humedal de Doñana, debido al desarrollo de plantaciones de regadío en sus inmediaciones.

Carne de cerdo. Señala el crecimiento enorme (más del 50 %) de la producción intensiva de porcino en España, y de su posible vinculación con procesos de desforestación en Brasil y Argentina, orientados a la plantación de soja, uno de los alimentos base de cerdos y pollos. También habla de los efectos negativos (medioambientales, sociales y económicos) que la instalación masiva de este tipo de granjas puede tener sobre los municipios rurales.

Atún rojo. Trata la cuestión de la cría de atún rojo en aguas del mediterráneo con vistas a su engorde y enriquecimiento en grasa, para su exportación posterior principalmente a Japón. Estas granjas marinas emplean grandes cantidades de pescado de especies que podrían destinarse a consumo humano.

El reportaje es extenso, y recoge datos y opiniones diversas, vertidas por los agentes implicados y por investigadores del impacto ambiental de los sistemas de producción de alimentos, así como de expertos académicos en economía agraria.