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Estado de la lucha contra el desperdicio alimentario en España

En agosto siempre hay escasez de noticias. Recientemente en El País se ha publicado un reportaje sobre la cuestión del desperdicio alimentario en España. Se titula “España, incapaz de frenar el desperdicio alimenticio: tira al año 1.300 millones de kilos a la basura”.

El reportaje se hace eco de los datos aportados por el MAPA a través del Panel de cuantificación del desperdicio alimentario en los hogares españoles, que indican que “los hogares españoles desperdiciaron entre enero y diciembre de 2018 un total de 1.339 millones de kg/l. de alimentos y bebidas, lo que supone un incremento del 8,9% con respecto al año anterior, es decir, 109 millones de kg/l más”. Per capita, esto supone 24,7 kg, un valor de un orden semejante a los señalados en España y Cataluña en una entrada previa sobre datos del desperdicio alimentario en los eslabones finales de la cadena alimentaria, en la etapa de consumo.

Según el Panel un 84,2 % de los alimentos desechados son alimentos que no se han llegado a utilizar. Entre estos alimentos cerca de un tercio son frutas (sobre todo naranjas, manzanas y plátanos), seguidos de verduras y hortalizas frescas, y pan.

El reportaje habla de la estrategia “más alimento, menos desperdicio”, considerando que sus actuaciones están fundamentalmente orientadas al consumidor final, y de cómo hay voces que señalan la necesidad de profundizar en la estrategia tratando de involucrar a todos los eslabones de la cadena alimentaria. Indica que en junio de 2018 el Senado se pronunció al respecto a través de una “Ponencia de estudio sobre el desperdicio alimentario en el estado español”, en la que entre otras cosas se sugería la creación de un observatorio en el que participen todos los actores involucrados.

En lineas generales, el reportaje constata que la lucha contra el desperdicio ha tenido avances escasos, y que se requeríría un impulso legislativo mayor a través del desarrollo de una ley específica sobre el tema.

Directiva 2018/851 y el concepto de “Residuo Alimentario” – comparativa con otros conceptos

El 15 de junio de 2018 salió publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea la DIRECTIVA (UE) 2018/851 por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos.

Esta directiva marca un hito en la normativa europea en materia de prevención de residuos, en particular en la de los residuos alimentarios. De hecho es la primera vez que queda recogida explícitamente una definición de los mismos y que se establece un objetivo concreto para su reducción. Literalmente la directiva señala que los estados miembros deberán tomar medidas que “reducirán la generación de residuos alimentarios en la producción primaria, en la transformación y la fabricación, la venta minorista y otros tipos de distribución de alimentos, en restaurantes y servicios alimentarios, así como en los hogares, como contribución a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas para reducir en un 50 % los residuos alimentarios per cápita a escala mundial en el plano de la venta minorista y de los consumidores, y reducir las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro para 2030″.

Veamos ahora las definiciones establecidas en la Directiva y su grado de coherencia con otras definiciones previas (FUSIONS, Estándar PDA, FAO). En la directiva se redefine el concepto de biorrediduo y, por vez primera, se da una definición explícita de residuo alimentario (food waste):

Biorresiduo: “residuo biodegradable de jardines y parques, residuos alimentarios y de cocina procedentes de hogares, oficinas, restaurantes, mayoristas, comedores, servicios de restauración colectiva y establecimientos de consumo al por menor, y residuos comparables procedentes de plantas de transformación de alimentos”.

Residuos alimentarios: todos los alimentos, tal como se definen en el artículo 2 del Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, que se han convertido en residuos“.

En el Reglamento 178/2002 se define «alimento» (o «producto alimenticio») como “cualquier sustancia o producto destinados a ser ingeridos por los seres humanos o con probabilidad razonable de serlo, tanto si han sido transformados entera o parcialmente como si no”.

Las producciones no cosechadas

Hasta aquí bien. El problema reside en lo que este reglamento no incluye en la definición, concretamente en el hecho de que deja fuera del concepto de alimento las plantas antes de la cosecha. Esto implica que aquellos productos agrarios que no son cosechados, que quedan en el campo por razones diversas, incluso cuando son perfectamente comestibles, al no ser considerados alimentos, tampoco pueden adquirir la consideración de residuos alimentarios.

Estas patatas no cosechadas no serían consideradas residuos alimentarios

El concepto normativo de la UE de residuo alimentario es en este punto incoherente con el concepto establecido en el proyecto europeo FUSIONS, un concepto del que se habló en una entrada anterior, y que es una de las principales referencias en el ámbito de estudio de las pérdidas y desperdicio de alimentos.

Como se puede ver en la figura anterior el concepto de residuos alimentarios de FUSIONS sí incluye las producciones no cosechadas (B4). Lo mismo ocurre en el marco conceptual del protocolo PDA, otra referencia importante:

Tipos de materiales y posibles destinos según el Estándar de Pérdidas y Desperdicion de Alimentos (PDA).
Fuente: WRI (2016). Estándar de contabilización y reporte sobre pérdida y desperdicio de alimentos. Resumen Ejecutivo. Pag. 3

Y también ocurre lo mismo si atendemos al concepto de “Pérdidas de Alimentos” de la FAO (2014) (el desperdicio es considerado una parte de estas pérdidas). La FAO incluye las producciones listas para cosechar que no son cosechadas en sus contabilizaciones de pérdidas (y desperdicio de alimentos).

Los materiales derivados hacia alimentación animal

Donde sí parece haber coherencia entre FUSIONS y la Directiva 2018/851 es en el hecho de que en ambos casos quedan excluidos de la consideración de residuos alimentarios aquellos materiales que salen de la cadena alimentaria y que son destinados a alimentación animal. Concretamente, la Directiva en la consideración número 8 del preámbulo señala lo siguiente:

“Las sustancias a base de plantas de la industria agroalimentaria y los alimentos de origen no animal que ya no estén destinados al consumo humano, sino a la alimentación de los animales por vía oral, deben quedar excluidos, para evitar duplicidades en la normativa, del ámbito de aplicación de la Directiva 2008/98/CE siempre que cumplan plenamente la legislación de la Unión en materia de piensos. Por tanto, la Directiva 2008/98/CE no debe aplicarse a esos productos y sustancias cuando se empleen para piensos, y, en consecuencia, debe precisarse el ámbito de aplicación de dicha Directiva. Sin perjuicio de otras disposiciones de la Unión aplicables en materia de nutrición animal, los subproductos animales destinados a ser utilizados como materias primas para piensos de conformidad con el Reglamento (CE) nº 767/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo ya quedan excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva 2008/98/CE, en la medida en que estén cubiertos por otra legislación de la Unión”.

En este punto, el concepto de la UE es de nuevo distinto al de la FAO o al del estándar PDA. La FAO señala explícitamente que estos alimentos redirigidos a alimentación animal son considerados pérdidas (y desperdicio). En el estándar PDA, la obtención de piensos se incluye como uno de los posibles destinos de estudio en las contabilizaciones de PDA.

En la siguiente tabla se resumen las cuestiones señaladas y además se incluye otro aspecto, el de la inclusión o no en los conceptos de las “partes no comestibles” de los productos (huesos, cáscaras, etc.). La FAO únicamente considera las partes comestibles.

 

Informe técnico y guía para cuantificar la pérdida y desperdicio de alimentos

La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), es un organismo intergubernamental de Canadá, EEUU y México creado en 1994 a raíz del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN),  paralelo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Muy recientemente, en el marco del Plan Operativo 2017-2018 y del proyecto Medición y mitigación de la pérdida y el desperdicio de alimentos, la CCA ha publicado dos documentos complementarios dirigidos a facilitar la cuantificación de la pérdida y desperdicio de alimentos (PDA) por parte de establecimientos, organizaciones, empresas y gobiernos.

Se trata de un informe técnico y de una guía práctica:

CEC (2019). Technical Report: Quantifying Food Loss and Waste and Its Impacts. Commission for Environmental Cooperation, Montreal, 129 pp.

CCA (2019), Por qué y cómo cuantificar la pérdida y el desperdicio de alimentos: guía práctica, Comisión para la Cooperación Ambiental, Montreal, 72 pp.

Ambos documentos toman como referencia básica el Estándar PDA y sus métodos de medición de PDA (WRI, 2016). El informe, disponible solo en inglés, analiza los métodos para cuantificar la PDA y los excedentes alimentarios en toda la cadena de suministro, asi como los enfoques para estimar los impactos ambientales, financieros y sociales resultantes. La guía, disponible en español, es un documento más práctico. Trata de describir paso a paso la forma en que empresas y gobiernos pueden poner en marcha el proceso para medir la PDA. En ella se abordan los siguientes temas:

  • Por qué cuantificar la pérdida y el desperdicio de alimentos.
  •  Justificación financiera y ambiental: cómo determinar la viabilidad de las iniciativas de medición y reducción de la PDA.
  • Superación de barreras y obstáculos comunes.
  • Rastreo de las causas de la pérdida y el desperdicio de alimentos.
  • Conversión de indicadores para medir otros efectos de índole económica, medioambiental y social.
  • Selección de un método de medición.

En la guía se hacen recomendaciones específicas para los distintos sectores de la cadena de suministro (producción primaria, procesamiento o transformación y manufactura, distribución y venta mayorista y al detalle, servicios almentarios, sector doméstico) indicando en cada caso qué métodos de medición es recomendable utilizar, ya sea para obtener nuevos datos sobre PDA, ya sea para hacer cuantificaciones en base a datos ya disponibles.

En un apéndice la guía incluye una descripción de cada uno de los métodos:

  1. Diarios o bitácoras
  2. Medición directa
  3. Entrevistas y encuestas
  4. Balance de masas
  5. Datos sustitutos o indirectos
  6. Registros
  7. Análisis de la composición de los desechos

Desperdicio alimentario, ¿un problema sobrevalorado y mal enfocado?

En esta entrada resumimos algunas consideraciones críticas hechas por el economista alemán Ulrich Koester, en relación a cómo se ha abordado el problema de las pérdidas y desperdicio alimentario (PDA). Sus críticas tienen que ver con las definiciones existentes de PDA (la de la FAO en particular), con los métodos aplicados para su cuantificación y valoración, con las estimaciones derivadas de aplicar dichos conceptos y métodos. El autor pone en entredicho la aseveración de que la lucha contra la PDA contribuirá necesariamente a reducir los problemas de seguridad alimentaria (food security) o de sostenibilidad ambiental en el mundo. Al final de la entrada se indican algunas referencias del autor, con sus enlaces.

El autor critica la definición propuesta por el panel de expertos de alto nivel en seguridad alimentaria y nutrición (HLPE, 2014), definición alineada con la de la FAO. De acuerdo al HLPE, las PDA tienen un impacto en la seguridad alimentaria a través de  tres vías: (1) la reducción de la disponibilidad global y local de alimentos, (2) la reducción del acceso a alimentos y el aumento de su precio, y (3) la reducción de la sostenibilidad en el uso de los recursos naturales de la que depende la producción futura de alimentos. El HLPE concluye que las PDA tienen un impacto sobre el sistema alimentario en tres dimensiones: económica, social y ambiental, y enmarca el problema de las PDA en el objetivo global de lograr un sistema alimentario que brinde seguridad alimentaria mundial en un entorno económico y medioambientalmente sostenible.

El autor argumenta que los datos recogidos en base a la definición propuesta pueden no ser los datos necesarios para definir las políticas a aplicar ni para comprobar el grado de logro de los objetivos que se proponen. En línea con lo descrito en la entrada anterior, señala que esta definición conduce a una una sobrestimación de las PDA puesto que, a su juicio, incorpora alimentos que en realidad no constituyen pérdidas ni desperdicio, como por ejemplo: (1) productos agrícolas que naturalmente pierden masa durante el tiempo de almacenamiento; (2) productos agrícolas que fueron planeados para el consumo pero que se dejaron en el campo debido a los altos costos de cosecha o la falta de demanda de los consumidores, (3) productos agrícolas que fueron planeados para el consumo humano, pero que se dirigieron a alimentar animales; (4) donaciones de alimentos a bancos de alimentos y organizaciones benéficas para alimentar a los pobres.

Koester señala que la mayor parte de los estudios realizados para estimar las PDA son deficientes por diversos motivos:

  • La mayor parte se limitan a cuantificar los alimentos en unidades de masa, mientras que muy pocas hacen referencia al valor calórico de PDA, que representaría mejor el valor nutricional y el nivel de recursos perdidos en la producción de las PDA. En 1 kg de lechuga hay un valor calórico mucho menor que en 1 kg de carne, y los recursos necesarios para producir el primero son también mucho menores que los requeridos para el segundo.

Para producir la hamburguesa los recursos empleados son mucho mayores que para producir las dos manzanas

  • Es habitual que los datos de PDA sean el resultado de agregar datos individuales. El autor critica mucho que se sumen productos de diferente naturaleza (por ejemplo carne y verduras), o que se den cifras globales sin desglosar los datos con respecto a distintas categorías de productos y a los distintos eslabones de la cadena alimentaria. Señala que muchas veces las sumas que se realizan distorsionan o impiden la valoración exacta de lo que ocurre, la identificación correcta de qué forma o dónde hay que actuar para reducir las PDA, y no proporcionan información adecuada acerca de los posibles beneficios de reducir las PDA: ¿cuántas personas potencialmente se podrían beneficiar? ¿cuántos recursos se podrían ahorrar?
  • Menos estudios aún hacen referencia al valor monetario de las PDA y, cuando lo hacen, generalmente sobrestiman el valor, al no tener en cuenta de la forma adecuada el diferente valor de un mismo producto en función de la etapa de la cadena de suministro de alimentos en la que se encuentre. Dicho valor se incrementa aguas abajo de la cadena (ver entrada anterior).
  • Además, el autor señala que el valor económico de las PDA es solo una cara de la moneda. Subraya que las medidas para evitar las PDA suponen un coste, un coste muchas veces no evaluado, y que es imprescindible avanzar hacia un enfoque en el que se analicen los costos y riesgos de reducir las PDA, algo que los estudios actuales están todavía lejos de ofrecer.

Koester sostiene que las tres dimensiones en las PDA tienen impacto (económica, social y ambiental) no siempre están alineadas entre sí, a veces más bien al contrario. Puede ocurrir muy bien que una acción que reduzca determinadas PDA mejore los indicadores de alguna de las dimensiones pero no modifique o incluso empeore los de las otras.

En este sentido señala que los métodos utilizados hasta ahora aportan datos globales que pueden ser interesantes como herramienta de sensibilización y toma de conciencia, pero que son poco útiles para plantear una política racional. Opina que quizá sea conveniente establecer diferentes métodos de medida en función de los objetivos individuales que se planteen en base a las distintas dimensiones del problema.

En relación al desarrollo de políticas gubernamentales que favorezcan acciones para la reducción de las PDA, el autor señala que éstas pueden ser necesarias cuando exista una falta de incentivos (o una incompatibildad entre los incentivos privados y los intereses sociales y/o medioambientales) en los agentes encargados de acometer dichas acciones. Indica que esta sería una condición necesaria para la intervención política de los gobiernos, pero no suficiente. Señala que podría suceder que la intervención tenga efectos secundarios negativos derivados de los costes administrativos derivados de la misma y/o de costes económicos adicionales sobre los diferentes agentes a los que esta afecte.

Para Koester (2018) “un enfoque basado en recursos para la PDA es más apropiado; las políticas que se centran en la reducción del volumen total de PDA son probablemente ineficaces. Las políticas para reducir la PDA deben centrarse en áreas donde el valor de la PDA basado en recursos probablemente supere los costos y riesgos de la reducción”. 

Referencias

Koester U, Loy J-P, Ren Y. (2018) Measurement and Reduction of Food Loss and Waste – Reconsidered. IAMO Policy Brief No. 34, Halle (Saale).

Koester U (2017). Food Loss and Waste as an Economic and Policy Problem. In: Schmitz, A., Kennedy, P. L., Schmitz, T. G. (eds.): World Agricultural Resources and Food Security: International Food Security, 275-288: Emerald. https://doi.org/10.1108/S1574-871520170000017018

Koester U (2015). Reduction of Food Loss and Waste: An Exaggerated Agitation. EuroChoices 14 (3): 34-38. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1746-692X.12095

Koester U (2014). Food Loss and Waste as an Economic and Policy Problem. Intereconomics – Review of European Economic Policy, 49 (6): 348-354. https://link.springer.com/article/10.1007/s10272-014-0518-7