En la revista on-line Food Navigator, recientemente se publicó un artículo que se hacía eco de las críticas vertidas en un informe del Tribunal de Cuentas de la UE en relación a la estrategia de la Comisión Europea para reducir las pérdidas y desperdicio de alimentos.

La auditoría pretendía responder a la cuestión ¿contribuye la UE en lograr una cadena alimentaria eficiente en el uso de recursos combatiendo de forma eficaz el desperdicio alimentario?

STOP FOOD WASTE

Y la respuesta fue que no. Dice que se puede mejorar mucho la estrategia de la UE en este sentido y que las mejoras no deben ir tanto en promover nuevas iniciativas (existen muchas) o en proveer fondos para crear nuevas plataformas de discusión sobre soluciones, sino en hacer una apuesta decidida por alinear las políticas existentes que afectan al desperdicio alimentario, y mejorar la coordinación tanto dentro de la comisión como entre la comisión y los estado miembros. Se trataría de crear las condiciones político-jurídicas que favorezcan el desarrollo y la sostenibilidad de iniciativas contra el desperdicio.

El informe señala que pese a la creciente importancia del tema en la agenda política internacional la ambición de la Comisión Europea al respecto ha disminuído. Señala que el hecho de que todavía hoy no haya una definición común de «food waste» en la UE, ni  consenso en una referencia o línea base que permita establecer metas concretas de reducción ha dificultado la progresión en este área. Dice que es urgente resolver esta cuestión.

El informe hecha en falta una estrategia clara, en la que se coordinen las distintas políticas que puedan afectar al «food waste». Señala que se debe avanzar en ese terreno y que el «food waste» debe estar explícitamente reflejado en dichas políticas. Hace referencia principalmente a la PAC (Política Agraria Común), a la política común de pesca, y a las políticas que tienen que ver con higiene y seguridad alimentaria.

También señala que la donación de alimentos a través de, por ejemplo, los bancos de alimentos son una realidad creciente, pero que se enfrenta a ambiguedades y barreras normativas, a una cierta inseguridad jurídica. Sugiere que la Comisión Europea clarifique la legislación (directiva de residuos, ley general de alimentos, etc.) para que se impulse la donación de excedentes de alimentos en buen estado que de otra forma se van a tirar.