En su informe enfatizan la necesidad de que la UE sea más ambiciosa en sus políticas y objetivos de reducción de los residuos alimentarios. En esta entrada nos queremos centrar en la parte del informe en la que aportan un diagnóstico bastante interesante de los datos existentes en la UE. Analizan datos de toda la cadena alimentaria a partir de diferentes fuentes ya citadas previamente en este blog:
– Para el sector primario emplean los datos del informe de pédidas de WWF-UK (2021).
– Para el sector de procesamiento emplean los datos recogidos en el diagnósitico de residuos realizado en el proyecto europeo FUSIONS (2016).
– Para los segmentos de distribución, servicios de comida y hogares emplean los datos del primer informe de laUNEP (2021) sobre el índice de desperdicio de alimentos.
El resultado se resume en estas dos figuras:
Nos parece que tiene interés porque concluyen que, a su juicio, en las estimaciones actuales de la UE no se contabilizan cantidades muy importantes de productos alimentarios. Se refieren fundamentalmente a productos agrarios que produce el sector primario que no quedan recogidos en las estadísticas de la UE porque quedan fuera de la definición de alimento (las plantas antes de la cosecha) y por lo tanto también de la definición de residuo alimentario. Vendrían a ser las «pérdidas de alimentos», para las cuales no hay todavía una definición en la UE, y que sí se han definido en España en el proyecto de ley estatal de prevención de las pérdidas y el despercicio alimentario.
En las figuras se observa que la parte que sí entraría a formar parte de la definición de residuo alimentario de la UE sumaría un total de 77 millones de toneladas, de las cuales un 42 % (32,5 millones) se generarían en los hogares. Al incorporar la parte «no medida», los productos agrarios que quedan en las explotaciones, que por ello no se pueden considerar alimentos, quedando a su vez fuera de la contabilización de residuo alimentario; nada menos que 80 millones de t, la cifra total se duplica, alcanzando un valor enorme de 153 millones de toneladas. Estas «pérdidas de alimentos» representarían nada menos que el 53 % del total, de tal forma que la aportación de lo generado en los hogares seguiría siendo muy significativa, pero se reduciría a un 21 %.
Los autores enfatizan que al mismo tiempo que se produce esta pérdida y desperdicio de alimentos, en 2021 la UE importó cerca de 138 millones de t de productos agrícolas, por un valor de 150.000 millones de euros, y al mismo tiempo que 33 millones de europeos no pueden permitirse una comida digna cada dos días.
En definitiva, más allá de la fiabilidad de las cifras, lo que pone de relieve otra vez este informe es que hay una parte de la producción agrícola «perdida o desperdiciada», a la que se atiende poco, ya sea por desinterés, ya sea de forma deliberada, bien porque no se quiere poner de relieve para la opinión pública, bien porque es un problema al que es muy difícil hincarle el diente, dado que probablemente tiene su raíz en aspectos estructurales del modelo de producción y comercialización de alimentos, y en general del sistema económico en el que dicho modelo está inserto.
Para más información sobre esta problemática se puede acudir a otras entradas previas del blog como:
Las pérdidas alimentarias o de alimentos (Food Losses) en el sector primario son una evidencia de cuyo alcance se habla y se conoce poco, como se señalaba en la entrada anterior. El proyecto europeo FOLOUbajo el lema «aportando conocimiento y consenso para prevenir y reducir las pérdidas de alimentos en la etapa de producción primaria» persigue entre otras cosas establecer un marco conceptual y una metodología que permita medir, monitorear y evaluar la magnitud y el impacto de dichas pérdidas. Busca hacer aportaciones significativas que redunden en que esta problemática se vaya introduciendo en las reglamentaciones de la UE, como ha venido ocurriendo los últimos años con el desperdicio alimentario (Food Waste).
Como en todos los proyectos europeos, en FOLOU confluyen un buen número de socios, de diferente naturaleza y de varios países. Entre otros, las universidades de Bolonia y la Politécnica de Marche (Italia), de Limerick (Irlanda), de Gent (Bélgica), de Reading (UK), la ACR+ (Association of Cities and Regions for sustainable Resource management), la MIO-ECSDE (Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development), la consultora francesa DILEPIX (desarrollo de soluciones de inteligencia artificial y digitalización en agricultura), etc. Cataluña tiene una representación muy importante en el proyecto, a través de la participación de la Universidad Vic-Central de Cataluña, la Agencia de Residuos, el Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat y, con un papel destacado, la Fundación Espigoladors.
En esta entrada vamos a describir brevemente una de las primeras aportaciones del proyecto, el establecimiento de una definición o marco conceptual de pérdidas alimentarias, actividad que ha sido liderada precisamente por Espigoladors. En marzo pasado se celebró un primer seminario virtual en el que se hizo una presentación de la propuesta (Defining Food Loss in the European Union Framework – Challenges and Significance).
En la UE no existe todavía una definición de pérdidas de alimentos. La definición de la FAO no sirve, no encaja en el marco normativo europeo, puesto que buena parte de lo que la FAO considera pérdidas de alimentos, en la UE entraría dentro del concepto de Food Waste. Se hace necesario por lo tanto establecer una definición de pérdidas que tenga encaje y coherencia en el marco normativo europeo y que tenga posibilidades de ser utilizada en el futuro como referencia a la hora de implementar una metodología de medición factible y adecuada para obtener datos y estadísticas fiables. Uno de los principales objetivos del proyecto FOLOU es precisamente el desarrollo de dicha metodología, y eso requiere, evidentemente, contar antes con una definición suficientemente precisa del objeto de medición.
La propuesta de definición hecha desde FOLOU, traducida al español sería la siguiente:
Las pérdidas alimentarias son cualquier planta, animal o ser vivo maduro para ser cosechado (incluidas las partes no comestibles) que no se cosecha con éxito, así como los alimentos retirados de la cadena de suministro durante la fase post-cosecha que no se convierten en alimento para animales, subproducto o residuo alimentario.
En la figura siguiente, elaborada y traducida a partir de otra presentada por los autores de la propuesta, se detalla y se puede visualizar mejor el marco conceptual que hay detrás de esta definición:
Algunos aspectos fundamentales serían estos:
Las pérdidas alimentarias se producen en el sector primario. La definición no atañe a las etapas posteriores de la cadena de suministro, aspecto que facilita que sea compatible con la definición de la UE de food waste (residuos alimentarios). En esto, la definición se aleja mucho del marco de la FAO, lo que, en cualquier caso, era inevitable.
Las partes no comestibles están dentro de la definición, lo cual está en sintonía con la definición de residuos alimentarios.
La definición, cuando se hace referencia al momento previo a la cosecha y a la propia cosecha, habla de «plantas, animales y seres vivos«. El término «alimentos» aparece después, cuando se hace referencia a la post-cosecha. Se hace así para que sea compatible con la definición de alimentos (Food) de la UE, en la que los productos agrarios son considerados alimentos una vez cosechados y no antes (ver entrada previa donde se hablaba de esto).
El punto de partida por lo tanto son esas plantas, animales y seres vivos ya listos para su «cosecha» (entendida esta también como captura o sacrificio, en productos de origen animal). Las pérdidas incluyen así lo que se descarta antes y durante la cosecha, y lo que se daña durante esta última.
Tras la cosecha (captura, sacrificio), ya «podemos hablar» de alimentos, y tendríamos fundamentalmente cuatro «corrientes» de materiales: los alimentos que han superado la cosecha y las operaciones post-cosecha y que seguirán su camino a lo largo de la cadena alimentaria, aquellos productos que no lo hacen pero que se redirigen a alimentación animal o se emplean como subproductos, y los que no tienen esos tipos de aprovechamiento convirtiéndose bien en residuos (Food Waste), bien en pérdidas.
La distinción entre lo que, en post-cosecha, se debe considerar residuos alimentarios y lo que constituiría pérdidas alimentarias radica principalmente en que en el primer caso los materiales se derivan al sistema de gestión de residuos oficial para su tratamiento (compostaje, biometanización) o eliminación (vertido, incineración); mientras que en el segundo caso los materiales se gestionan in situ, en la propia explotación (quedan en en campo, se compostan o se queman sin licencia, etc.) o lugar de captura (pérdidas en el mar).
Este marco normativo parece bastante coherente con la definición de pérdidas de alimentos del proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario (ver entrada previa), cuya tramitación parlamentaria se ha reanudado recientemente tras paralizarse el año pasado por el adelanto electoral. Dicha definición dice que las pérdidas son los «productos agrarios y alimentarios que por cualquier circunstancia quedan en la propia explotación, ya sea reincorporados al suelo o utilizados para realizar compost in situ y cuyo destino final hubiera sido la alimentación humana«. En esta definición no se incluye la palabra «alimentos». Parece por lo tanto que, con su referencia a los alimentos en post-cosecha, la propuesta de FOLOU, además de detallarla y concretarla, amplía el alcance de la definición recogida en el proyecto de ley.
En la presentación se hace una contextualización del marco normativo internacional y europeo en el que se enmarca la propuesta, y se completa la descripción del concepto propuesto detallando y haciendo alusión a diferentes aspectos críticos o «zonas grises» que se deben ir aclarando. En definitiva, la propuesta constituye una aportación muy bien trabajada y rigurosa que esperemos tenga éxito y sea tenida en cuenta en el futuro.
Vaclav Smil (1943) es un profesor emérito de la Universidad de Manitoba, miembro de la Royal Society y de la Orden de Canadá. Realiza investigaciones interdisciplinarias en los campos de la energía, el cambio ambiental y poblacional, la producción de alimentos, la historia de la innovación técnica, la evaluación de riesgos y las políticas públicas. Es un científico muy reconocido y un autor prolífico que hasta la fecha a publicado 47 libros y más de 500 artículos sobre estos temas.
En español hay editados varios libros suyos como «Alimentar al mundo. Un reto del siglo XXI», «¿Deberíamos comer carne?», «Energía y civilización. Una historia». Son libros profundos, rigurosos en sus datos, referencias y análisis. En esta entrada se resume parte de los contenidos de un libro reciente titulado «Cómo funciona el mundo», publicado en inglés en 2022, y en español en 2023.
A lo largo de siete capítulos cuyos títulos comienzan siempre por Comprender…, el autor describe en apenas 270 páginas los aspectos más importantes que a su juicio configuran el funcionamiento de nuestro mundo globalizado, y que condicionan las posibilidades de hacer frente a las crisis climática, energética, alimentaria y de materias primas derivadas de dicha forma de funcionamiento. Aquí resumimos principalmente los contenidos del capítulo 2, que tiene un título muy ilustrativo: Comprender la producción de alimentos. Comer combustibles fósiles.
El autor comienza explicando cómo el desarrollo de la agricultura permitió sostener densidades de población entre 100 y 1000 veces más altas que la actividad recolectora-cazadora previa a la revolución neolítica. Explica cómo en todos los siglos preindustriales dichas densidades de población aumentaron muy lentamente y no superaron el valor de 2,5-3 personas por hectárea, incluso en Europa fueron menores a 2 personas hasta el siglo XVIII. Hasta ese momento, la producción de alimentos dependía exclusivamente de la energía solar y del trabajo humano y animal, lo que limitaba en gran medida los rendimientos productivos de los cultivos.
La revolución industrial provocó un aumento muy considerable de la demanda alimentaria de la población urbana, lo que obligó a un incremento de la producción de comida, asociado en el siglo XIX en gran medida al aumento de la superficie de cultivo (en América principalmente). Es en el siglo XX, particularmente tras la segunda guerra mundial, donde la transformación de la agricultura se acelera. El autor señala literalmente que «ninguna transformación reciente ha sido tan fundamental para la existencia como nuestra capacidad de producir, año tras año, un exceso de comida«. Y lo ilustra a través de los datos que aparecen en la figura siguiente, donde se puede apreciar que en el plazo de setenta años la población mundial se ha triplicado mientras que la proporción de población desnutrida ha pasado del 65 % (2 de cada 3 personas) a menos del 9 % (1 de cada 11 personas).
Elaborado a partir de Smil, 2023 y otras fuentes
La causa de este éxito extraordinario es el gran incremento del rendimiento de las cosechas, derivado del efecto combinado de:
Mejores variedades
Mecanización agrícola
Fertilización
Irrigación
Protección de las cosechas
El autor enfatiza que «se sigue pasando por alto la explicación fundamental» que está detrás de estos elementos de cambio: la indispensable contribución a los mismos de la energía aportada a través de la electricidad y el uso de combustibles fósiles. Dice literalmente que:
«La dependencia más importantes de los combustibles fósiles del mundo moderno es el uso directo e indirecto que se hace de estos en la producción de alimentos«.
Vaclav Smil, 2023
El uso directo de los combustibles fósiles se concreta en: propulsar maquinaria, bombas de irrigación, transporte de alimentos, transformación y conservación de alimentos, etc.
El uso indirecto es más amplio y cuantitativamente más importante: producción de fertilizantes (sin duda el consumo de energía indirecto más importante de la agricultura) y agroquímicos (herbicidas, insecticidas, fungicidas), producción de maquinaria agrícola, producción de vidrio y plásticos de invernaderos, etc.
Esta transformación de la producción agrícola y su dependencia actual de los combustibles fósiles los ilustra describiendo las principales características de la producción de trigo en Estados Unidos en 1801, 1901 y en la actualidad. En la figura siguiente se esquematiza esto:
Elaborado a partir del texto de Smil (2023) y otras fuentes
Seguimos comiendo, evidentemente, productos de la fotosíntesis (directamente al comer plantas, e indirectamente al comer animales), que es la conversión de energía más importante de la biosfera. Pero a la energía solar se ha unido una aportación muy grande de las fuentes de energía fósil, no renovable. La intensidad de la producción agrícola actual no podría tener lugar sin las contribuciones de los combustibles fósiles y la electricidad. Sin ellas, según el autor afirma que “no habríamos podido proporcionar al 90 % de la humanidad una nutrición adecuada ni reducir de manera simultánea y continua la cantidad de tiempo y la superficie de terreno necesarios para alimentar una persona”.
Para hacer más gráfica dicha contribución y comparar las necesidades energéticas de productos de diferente naturaleza el autor cuantifica y expresa dichas necesidades en en forma de volumen de diesel (ml, L) por kg de producto (aunque en la práctica no todas las aportaciones energéticas se concreten a través del uso de dicho combustible, evidentemente). Esto se resume en el cuadro siguiente:
Elaborado a partir de Smil (2023)
A continuación, en el apartado «¿Podemos volver atrás?» el autor reflexiona y opina acerca de las limitaciones existentes para transitar hacia una descarbonización de la agricultura. Dice que reducir los servicios actuales proporcionados por los combustibles fósiles (sobre todo la mecanización agrícola y la producción de agroquímicos sintéticos) requeriría aumentar la fuerza laboral humana (retorno al campo desde las ciudades) y animal y las aportaciones de materia orgánica reciclable hasta cuotas impensables hoy día, para acercarse a los niveles de fertilización y los rendimientos productivos actuales.
Señala que más de la mitad del nitrógeno reactivo que reciben los suelos cultivados en el mundo procede de los fertilizantes sintéticos (ver figura siguiente) y que las posibilidades de aumentar la aportación actual del resto de fuentes son limitadas por distintos motivos.
Elaborado a parir de Smil (2023)
Vaclav Smil otorga una importancia tremenda a los fertilizantes sintéticos. En el capítulo 3 – Comprender el mundo material. Los cuatro pilares de la civilización moderna, identifica cuatro materiales como los más imprescindibles para sostener el funcionamiento actual del mundo: el cemento, el acero, los plásticos y el amoniaco. Y sostiene que éste último, al ser la materia prima indispensable para producir los fertilizantes nitrogenados, merece la primera posición como el más importante para la humanidad. Describe los orígenes a finales del siglo XIX y la evolución del proceso de fijación de nitrógeno atmosférico a través del proceso Haber-Bosh, quizá «el avance técnico más trascendental de la historia«, para el que se hace necesario el empleo de gas natural.
Señala que si bien es importante incrementar las aportaciones actuales de los estiércoles fermentados dado que mejoran la composición del suelo, aumentan su contenido orgánico y facilitan el desarrollo de una mayor riqueza en microorganismos e invertebrados, el aporte de nitrógeno de este material es entre 10 y 40 veces inferior al de los fertilizantes sintéticos (urea, nitrato amónico, etc.). El volumen de material orgánico que sería necesario aportar para acercarse a los niveles de fertilización de estos últimos sería de tal magnitud que resulta materialmente imposible.
Otra estrategia de fertilización que señala como muy interesante y deseable también es el aumento de las rotaciones con leguminosas y de cubiertas verdes que permiten «generar» su propio nitrógeno y fijarlo en el suelo, pero describe también las limitaciones existentes al respecto. Afirma que:
«El cultivo global que depende solo del laborioso reciclaje de desechos orgánicos y de las rotaciones más comunes es concebible para una población mundial de 3.000 millones de personas con dietas mayoritariamente vegetarianas, pero no para casi 8.000 millones de personas con dietas mixtas«
Vaclav Smil, 2023
No obstante, en la parte final del capítulo 2, en el apartado «Pasar con menos, y pasar sin nada«, aporta elementos de esperanza describiendo qué cambios se podrían operar para, que combinadamente, se reduzca nuestra dependencia de los combustibles fósiles en la producción de alimentos:
A) Desperdiciar menos comida para no tener que producir tanto, en particular en los paises más ricos, en los que la oferta alimentaria (3.200-4.000 kcal por persona y día) a veces duplica las necesidades reales (2.000-2.100 kcal). El autor hacer referencia al famoso estudio de la FAO de 2011, al programa WRAP de Reino Unido, al incremento del desperdicio en China conforme ha mejorado la nutrición del país, y a la dificultad existente para reducir el desperdicio, ejemplarizada en el hecho de que en EEUU los balances alimentarios parecen indicar que la comida desperdiciada no ha variado durante las últimas cuatro décadas.
Señala que si el precio de los alimentos aumenta es previsible un menor desperdicio, pero que este mecanismo no sería recomendable en países de ingresos bajos, en los que los gastos en alimentación representan un porcentaje del gasto total familiar muy elevado.
B) Transitar hacia dietas más vegetarianas y moderadas, menos copiosas y cárnicas; de nuevo en las sociedades ricas. Aunque considera que la opción del veganismo a gran escala está condenada al fracaso, sí aboga por reducir el consumo de carne muy por debajo de lo que se ha consumido en promedio en los países prósperos en las últimos 20 años. Señala que esto empieza a ser una realidad en algunos países, como Francia, pero que, salvo en prácticamente toda África y algunas regiones de Asia (donde el consumo de carne sigue siendo mínimo), en muchas regiones en proceso de modernización (Brasil, China, Indonesia, etc.) el consumo de productos de origen animal no ha dejado de incrementarse en los últimos años.
C) Otras oportunidades de mejora, limitadas, a veces lejanas, pero que habría que abordar: aumentar la eficiencia de captación de nitrógeno por parte de las plantas; uso de maquinaria agrícola e irrigación sin combustibles fósiles; el desarrollo de cultivos de cereales u oleaginosas con la capacidad de las leguminosas.
En definitiva, en unas 40 páginas Vaclav Smil describe de forma clara y rigurosa cómo es la producción industrializada de los alimentos en el mundo, de qué modo es dependiente del uso directo e indirecto de combustibles fósiles, y cómo dicha dependencia hace muy difícil acometer con rapidez la anhelada aspiración de descarbonizar la agricultura y ganadería y reducir sus impactos ambientales; más aún en mundo con población creciente, y bajo las consecuencias actuales y futuras del cambio climático.
Recientemente (noviembre de 2022) la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), con sede en Zaragoza, en colaboración con la ONGD Enraíza Derechos (Madrid), ha publicado el informe titulado «Desperdicio alimentario y cambio climático. La importancia de medir para mejorar». Los autores son Héctor Barco, experto en medición del desperdicio alimentario, y José María Medina, responsable de gestión del conocimiento de Enraíza Derechos. El trabajo se ha desarrollado con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Es un documento más que recomendable para cualquiera que desee entender los aspectos más críticos y determinantes a tener en cuenta con vistas a obtener datos fiables y comparables sobre residuos/desperdicio alimentario bajo el marco de las directrices establecidas en los últimos tiempos en la UE. A continuación, se resume su contenido.
La necesidad de medir el desperdicio alimentario
En su primer apartado, el más breve, se habla de la implicación de los sistemas alimentarios y del desperdicio alimentario en el cambio climático. El segundo capítulo enfatiza con claridad lo importante que es lograr medir con la adecuada fiabilidad el desperdicio alimentario. Describe que dicha medición es necesaria (a) para obtener un diagnóstico o línea base inicial a partir de la cual poder evaluar la evolución del problema; y (b) para provocar un efecto de prevención, al medir se toma conciencia y se puede actuar en consecuencia.
En este segundo capítulo también se hacen precisiones interesantes sobre el cómputo de los impactos ambientales asociados al desperdicio, y sobre lo importante que es acompañar las mediciones cuantitativas de otras de carácter cualitativo orientadas a comprender las causas del desperdicio, entre otras razones, porque a menudo quién genera el desperdicio lo hace como resultado de la acción o responsabilidad de agentes situados en un lugar de la cadena alimentaria distinto al lugar donde se originó dicho desperdicio.
El capítulo tercero es el más extenso. En él se desarrolla una propuesta de protocolo de medición en la que se discuten los tres aspectos más importantes a considerar: ¿Qué medir? ¿Dónde medir? ¿Cómo medir?
¿Qué medir?
Los autores hacen una descripción y comparación muy precisa y acertada de los principales marcos conceptuales existentes en relación a la definición de desperdicio alimentario, sobre los cuales se ha hablado extensamente en este blog.
Por un lado los conceptos e índices de pérdidas y de desperdicio de alimentos vinculados a la FAO y Naciones Unidas (ver entrada previa). Por otro el marco normativo establecido en la UE a través de la Directiva 2018/851 (ver entrada previa) y la Decisión Delegada 2019/1597 (ver entrada previa).
También describe el concepto de desperdicio alimentario desarrollado a nivel estatal con el proyecto de ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos (ver entrada previa), que parece en parte inspirarse en la pionera ley catalana (Ley 3/2020, de 11 de marzo, de prevención de las pérdidas y el despilfarro alimentarios); y que también aparece recogido en las estrategias en la materia desarrolladas en otras regiones, como es el caso de la Agenda para reducir el Desperdicio Alimentario en Navarra 2022-2027 (ver entrada previa).
En el documento también se hacen consideraciones detalladas sobre la cuestión de las inclusión o no en la definición de desperdicio de tanto las partes comestibles como las no comestibles, y sobre los materiales alimentarios que no adquieren la consideración de residuos, por tratarse de subproductos o de materiales que se derivan a alimentación animal. Buena parte de estas consideraciones provienen de los diagnósticos sobre desperdicio alimentario en la cadena alimentaria realizados en Euskadi (ver entrada previa) y en la Comunidad Valenciana (Plan BON PROFIT).
El marco conceptual propuesto por los autores parte de la premisa de que debe insertarse en las directrices y objetivos planteados desde la UE en materia de residuos alimentarios.
En la figura anterior sintetizamos los aspectos fundamentales de este marco conceptual. El mismo contempla que:
La definición de “alimento” sea la que viene determinada en la Decisión Delegada.
El concepto de “desperdicio alimentario” sea sinónimo de “residuo alimentario”.
Se evite la separación entre “pérdidas” y “desperdicio” como hace, por ejemplo, la FAO. El desperdicio abarca toda la cadena alimentaria (entendida esta como la vinculada exclusivamente a la producción de alimentos con destino humano).
En consonancia con la definición de alimento, dicha cadena agroalimentaria se inicia una vez que los productos son cosechados, excluyendo por lo tanto las fases anteriores (lo que queda en el campo).
Se deben considerar tanto partes comestibles como no comestibles, insistiendo en la idea de que desperdicio es sinónimo de residuo alimentario, en contraposición al proyecto de ley de prevención de pérdidas y desperdicio que explicita que el desperdicio es un subconjunto de los residuos, su parte comestible.
Se deben excluir del concepto los flujos que tengan un aprovechamiento relevante, especialmente mediante el uso como subproductos o mediante su redirección a alimentación animal. La propuesta señala que la monitorización de estos últimos sea opcional, en consonancia con las recomendaciones de la Decisión Delegada.
Además, en el documento se va más allá que en la Decisión Delegada, en el sentido de tratar de concretar con mayor especificidad qué sectores son esos. Los autores, para aumentar dicha especificidad proponen emplear los códigos CNAE que identifican las clases (4 dígitos) en vez de quedarse únicamente en las divisiones (2 dígitos), como hace la División Delegada, porque entienden que al hacerlo de esta última forma se corre el riesgo de incluir en la cuantificación actividades que nada tienen que ver con la producción y consumo de alimentos.
Por ejemplo, en la División 10 – Industria de la alimentación, casi todas las clases serían susceptibles de ser analizadas, salvo muy probablemente las que tienen que ver con la fabricación de productos para la alimentación de animales de granja (1091) y de compañía (1092), puesto que dichos productos no van dirigidos al consumo humano.
Más sentido tiene aún emplear la codificación a nivel de las clases en otros ámbitos en los que dentro de una misma categoría de División hay un buen número de actividades económicas alejadas de la alimentación humana. Es el caso de los ámbitos de la distribución y del consumo fuera del hogar. En este último, la Decisión Delegada no especifica siquiera las divisiones a incluir. Los autores hacen un propuesta en este sentido.
Este apartado del «donde medir» es uno de los más interesantes y útiles del informe, porque ilustra muy bien lo importante que es identificar con precisión qué sectores son objeto de estudio para que puedan establecerse comparaciones oportunas en el tiempo y entre territorios. En gran parte se nutre también del trabajo realizado en los últimos años en Euskadi y en la Comunidad Valenciana, que están siendo pioneras a la hora de enfrentarse a la labor encomendada desde Europa de medir el desperdicio (o residuos alimentarios) en la cadena alimentaria.
¿Cómo medir?
Este apartado del informe está dedicado a la metodología de medición. Comienza haciendo referencia a un articulo muy interesante firmado por Xue et al. en 2017, en el que se hacía una revisión crítica muy exhaustiva de los datos disponibles sobre pérdidas y desperdicio. En una entrada previa se resume dicho artículo y en varias aparece referenciado. En él entre otras cosas se hacía una descripción y valoración de los métodos empleados para obtener los datos, dividiéndolos entre los directos (pesaje, análisis de composición de residuos, encuestas, diarios, etc.) y los indirectos (modelización, balances de materia, uso de datos indirectos).
Una buena parte de dichos métodos son los recogidos en la Decisión Delegada. Los autores describen cada uno de ellos de una forma bastante detallada, indicando en algunos de ellos ejemplos de aplicación, y valorándolos atendiendo a criterios tales como fiabilidad, precisión, coste en tiempo y recursos, etc.
En base a su análisis, en su propuesta recomiendan aplicar los métodos de la Decisión Delegada, con algunas matizaciones en las que jerarquizan los métodos en función de su fiabilidad y hacen referencia a su uso combinado con cuestionarios y entrevistas para la obtención de información de carácter cualitativo que permita identificar las causas subyacentes a los datos cuantitativos. Su propuesta es la ya recogida previamente en plan Bon Profit de la Comunidad Valenciana.
Se resume en la siguiente tabla, que se ha extraído directamente de este magnífico informe de ECODES, que con seguridad va a convertirse en una referencia muy destacada en la muy necesaria tarea de aunar criterios entre diferentes territorios para la medición del desperdicio alimentario a lo largo de la cadena alimentaria.
En julio de 2022 el Gobierno Vasco publicó un informe pionero y muy interesante titulado «Análisis del desperdicio de alimentos en la cadena agroalimentaria de Euskadi», en el que se aborda la cuantificación del desperdicio alimentario (y otros materiales) en el sector primario, la manufactura, la distribución, el sector HORECA y los hogares de la Comunidad Autónoma Vasca, tratando de cumplir los requisitos y emplear los métodos planteados al respecto a nivel europeo través de la Decisión Delegada 2019/1597, descrita en una entrada previa.
En el informe hay un capítulo dedicado a la cuestión del concepto de desperdicio alimentario. Es una aportación muy interesante y necesaria a un tema todavía no completamente resuelto. El trabajo adopta una definición coherente con lo descrito en la Decisión Delegada y en la Directiva 2018/851 en relación a la definición de «Food waste». Coherente en todo salvo quizás en el propio término elegido para traducir «food waste».
Así, mientras en la versión española de la decisión delegada y en la reciente Ley 07/2022 de residuos y suelos contaminados, «food waste» se traduce como «residuos alimentarios» (alimentos que se convierten en residuos, incluyendo tanto las partes comestibles como las no comestibles), en el informe vasco esta definición se ha traducido como «desperdicio alimentario».
El informe se desarrolló con anterioridad a la presentación del proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y desperdicio alimentario. Probablemente por esta razón las definiciones de desperdicio alimentario de dicha ley y del informe son distintas, puesto que en el proyecto de ley el desperdicio hace referencia exclusivamente a la parte comestible de los residuos alimentarios (verentrada previa). En la figura siguiente se resume lo explicado previamente.
Esta pequeña incoherencia terminológica no resta valor al informe, puesto que el mismo es muy honesto en cuanto a indicar qué mide exactamente en cada segmento de la cadena alimentaria. Miden siempre el conjunto de las partes comestibles y no comestibles (es decir, los residuos alimentarios a los que denominan desperdicio alimentario) y, en los segmentos de distribución, HORECA y hogares logran aportar además datos de cada fracción por separado.
El informe indica también con claridad los métodos empleados en cada etapa que son los siguientes:
Producción primaria y manufactura: cuestionarios y entrevistas
Distribución: medición directa, balance de masa, análisis de la composición de residuos, y recuento/escaneo
HORECA: medición directa, análisis de la composición de residuos, y recuento/escaneo
Hogares: medición directa y diarios
El informe cuenta con capítulos diferenciados en el que se analiza de forma particular cada uno de los eslabones. En términos globales, las cifras más destacadas son las siguientes:
Los residuos alimentarios (parte comestible + parte no comestible) en Euskadi en toda la cadena alimentaria sumarían un total de 244.972 toneladas/año, lo que supone 111 kg por persona y año, que se distribuyen porcentualmente de la siguiente forma: 1.9 % en producción primaria (4.670 t), 3.1 % en manufactura (7.720 t), 26,0 % en distribución (63.674 t), 12.1 % en HORECA (29.640 t) y 56.9 % en hogares (139.268 t).
Como es habitual y se repite siempre en estudios previos de este tipo, el sector de los hogares parece generar la parte más importante de los residuos alimentarios. Le sigue el de la distribución, con una aportación porcentual muy destacable, del 26 %, muy superior a la registrada en otros estudios similares, en los que suele rondar el valor del 5-10 %. A continución el canal HORECA y, por último, los sectores de la manfactura y el primario, con porcentajes más bien insignificantes, muy por debajo de los encontrados en otros estudios.
El porcentaje estimado de partes comestibles (es decir, lo que de verdad se entiende por desperdicio alimentario en la futura Ley) de los residuos alimentario producidos en los segmentos de distribución, HORECA y hogares fue respectivamente del 45.6 %, 60.3 % y 29.1 %.
Como resultado, las cantidades per capita de residuos y de desperdicio alimentario en las distintas etapas de la cadena alimentaria en Euskadi se resumen en esta tabla:
Fuente: Gobierno Vasco (2022). Análisis del desperdicio alimentario en la cadena agroalimentaria de Euskadi
Los 63.5 kg por persona y año de residuos alimentarios en los hogares colocan a Euskadi en una posición intermedia con respecto a las cifras registradas en distintos países y regiones europeas (ver entrada previa).
Un aspecto muy interesante del informe es que no se limita a cuantificar los residuos alimentarios sino que trata de aportar datos de flujos de materiales alimentarios (subproductos, alimentos no comercializados, etc.) que, si bien quedan fuera del concepto de residuo alimentario, son materiales generados en grandes cantidades y que se valorizan o aprovechan para diferentes fines, particularmente para la alimentación animal. El conocimiento de estos flujos se considera muy importante para poder hacer una mejor evaluación de oportunidades de mejora en su aprovechamiento, en coherencia con lo que la propia Decisión Delegada 2019/1597 señala, y con la jerarquía de excedentes alimentarios de la estrategia vasca contra el despilfarro alimentario.
En el estudio a estos materiales se les denomina «Material Potencialmente Aprovechable» (MPA), y se aportan datos de los mismos en los apartados sectoriales de producción primaria y manufactura. En el informe se aportan datos de MPA junto a subproductos animales no destinados al consumo humano y sus derivados (SANDACH), alcanzando conjuntamente una cifra de 269.378 toneladas al año, procedentes en un 80 % del sector de la manufactura y en un 20 % del sector primario.
En definitiva, más allá de algún matiz en la definición, este trabajo es una aportación muy interesante para afrontar la labor de cumplir el mandato europeo por el cual se debe cuantificar de forma adecuada y uniforme la generación de residuos alimentarios (y el desperdicio) en la cadena alimentaria. Debe servir como documento de referencia y debate para establecer y armonizar a nivel estatal qué medir, dónde medir y cómo medir.
En abril pasado se publicó laLey 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que sustituye a la anterior, la Ley 22/2011, incorporando la Directiva (UE) 2018/851 que a su vez modifica la anterior Directiva Marco de Residuos, la Directiva 2008/98/CE. En esta entrada se señalan algunos aspectos importantes de la nueva ley, particularmente los que tienen que ver con residuos, subproductos y desperdicio alimentarios.
La Ley tiene por objeto «sentar los principios de la economía circular a través de la legislación básica en materia de residuos, así como contribuir a la lucha contra el cambio climático y proteger el medio marino». Se pretende contribuir así «al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos en la Agenda 2030 y en particular a los objetivos 12 –producción y consumo sostenibles–, 13 –acción por el clima- y 14 –vida submarina–».
La ley mantiene muchas de las definiciones que aparecían en la anterior como «biorresiduo», al mismo tiempo que incorpora nuevas definiciones procedentes de la nueva normativa de la Unión Europea, entre ellas, «residuos alimentarios» (ver entrada previa), o «valorización de materiales». Asimismo, se añaden otros conceptos para lograr un mayor grado de seguridad jurídica a la hora de aplicar la norma como «tratamiento intermedio», «compost» o «digerido». La ley mantiene la definición de «residuos domésticos» e incorpora la de «residuos municipales». La ley tiene elementos específicos relativos a los residuos plásticos por lo que incorpora definiciones procedentes de la Directiva sobre plásticos como «plástico», «producto de plástico de un solo uso», «plástico oxodegradable» y «plástico biodegradable».
En lo que al ámbito alimentario se refiere y tal y como ya hacía antes, la ley deja fuera de su alcance los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, que tienen su propia normativa (Reglamento (CE) n.º 1069/2009), salvo cuando estos materiales se gestionan como residuos mediante incineración, vertido, digestión anaerobia, compostaje, etc. También sigue dejando fuera los subproductos vegetales (en rigor «las sustancias que no sean subproductos animales ni los contengan») que se destinen a ser utilizadas como materias primas para piensos o para alimentos.
La ley desarrolla más el articulado correspondiente a subproductos (artículo 4) y a fin de condición de residuo (artículo 5). La jerarquía de residuos (artículo 8) sigue presentándose en los mismos términos que anteriormente, estableciendo como prioridad la prevención, seguida de la preparación para la reutilización, el reciclado, otro tipo de valorización incluida la energética y, por último, la eliminación.
Como instrumentos de la política de residuos la ley establece que las autoridades competentes (a nivel estatal, autonómico y, potestativamente también a nivel local) dispondrán tanto de programas de prevención de residuos (artículo 14) como de planes y programas de gestión de residuos (artículo 15). En el artículo 19 se señala que en los programas de prevención estatal y autonómicos deberá aparecer un apartado específico para la reducción de los residuos alimentarios.
Prevención de residuos
En el título II dedicado a la prevención de residuos se establece como objetivo global la reducción en peso de los residuos generados conforme a este calendario (artículo 17):
En 2025, un 13 % de los generados en 2010. En 2030, un 15 % de los generados en 2010.
En el artículo 18.1.g se especifican objetivos de reducción del residuos alimentarios, alineados con los ODS de Naciones Unidas:
Para 2030, reducción del 50 % de los residuos alimentarios per cápita en el plano de la venta minorista y de los consumidores y una reducción del 20 % de las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro, con 2020 como referencia.
Hay que aclarar aquí una vez más que la ONU habla de «desperdicio» mientras que en la UE se habla de «residuos alimentarios». No hay una definición a nivel europeo de desperdicio. Sí existe a nivel estatal, la que aparece en la nueva Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario (ver entrada previa), desarrollada pocos meses después de la ley de residuos. En la ley del desperdicio se señala que el concepto de desperdicio alimentario sería un subconjunto del concepto residuo alimentario, dado que éste último sí incluye “partes de alimentos no destinadas a ser ingeridas”, que no entran dentro del concepto de desperdicio».
En la Ley de residuos (artículo 19.2) aparece una jerarquía de actuación en materia de prevención de residuos alimentarios que es precisamente la que luego aparece también en la ley del desperdicio alimentario bajo el nombre de «Jerarquía de prioridades de los agentes de la cadena alimentaria», y que se reproduce gráficamente a continuación:
Representación de la jerarquía descrita en el artículo 19.2 de la Ley 7/2022 y en el artículo 5 de la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario
Gestión de residuos
El título III de la ley se dedica a la producción, posesión y gestión de residuos. Veamos algunos elementos interesante que tienen que ver directa o indirectamente con los residuos alimentarios.
Recogida separada de residuos
Se plantean objetivos de mejora de la recogida separada de residuos para posibilitar así la preparación para la reutilización y el reciclado. En los residuos de competencia local se deberá establecer la recogida separada de, al menos, las siguientes fracciones:
Papel, metales, plástico y vidrio
Residuos textiles, aceites de cocina usados, residuos domésticos peligrosos y residuos voluminosos: todos ellos antes del 31 diciembre de 2024.
Biorresiduos de origen doméstico (antes del 30 de junio de 2022 para poblaciones de más de 5.000 habitantes, y antes del 31 de diciembre de 2023 para el resto).
Los biorresiduos comerciales e industriales. Los productores deberán separarlos en origen, antes del 30 de junio.
Con respecto a los biorresiduos domésticos, comerciales e industriales se marcan porcentajes máximos de impropios del 20 % desde 2022 y del 15 % desde 2027.
En términos generales, para 2035 el porcentaje de residuos municipales recogidos separadamente deberá será como mínimo del 50 % del total.
Preparación para la reutilización y reciclado
En el artículo 26 de la ley se plantean los siguientes objetivos:
La cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la preparación para la reutilización y el reciclado para las fracciones de papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos u otras fracciones reciclables deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50 % en peso.
Para los residuos municipales:
Para 2025, un 55 % en peso (mínimo 5 % corresponderá a preparación para reutilización). Estos porcentajes serán del 60 % (10 %) para 2030 y 65 % (15 %) para 2035.
Medidas de gestión para biorresiduos
En su artículo 28 la ley hace hincapié en la necesidad de que la recogida separada de biorresiduos debe ir acompañada de su reciclado mediante compostaje doméstico y comunitario para poblaciones menores a 1.000 habitantes, y mediante compostaje y digestión anaerobia, o una combinación de ambas; sin que se mezclen a lo largo del tratamiento con otros residuos, incluida en este «otros» la fracción orgánica de los residuos mezclados.
También se hacen consideraciones sobre los envases de plástico compostable que se pueden recoger conjuntamente con los biorresiduos.
Plásticos
Por su importancia en alimentación, destacamos aquí el título V de la ley «Reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente», que especifica objetivos y medidas que tienen que ver con los diferentes productos de plástico (A, B, C, D y E) descritos en un anexo a la ley.
La reducción del consumo (comercialización) de productos de plástico de un solo uso (parte A del anexo IV):
Para 2026, del 50 %, y para 2030 del 70 %, ambas en peso con respecto a 2022.
Prohibición de introducción en el mercado de determinados productos de plástico (parte B del anexo IV):
Productos de plástico mencionados en el apartado B del anexo IV.
Cualquier producto de plástico fabricado con plástico oxodegradable.
Microesferas de plástico de menos de 5 milímetros añadidas intencionadamente
Requisitos de diseño para recipientes de plástico para bebidas. Entre otras cosas se señala que:
En 2025 solo podrán introducirse en el mercado las de tereftalato de polietileno ("botellas PET", parte E del anexo IV) que contengan al menos un 25 % de plástico reciclado, calculado como una media de todas las botellas PET introducidas en el mercado. Este porcentaje se incrementa al 30 % para 2030.
Marca de reciclaje del PET
Recogida separada de botellas de plástico (parte E del anexo IV):
Se establecen los siguientes objetivos de recogida separada de los productos de plástico con objeto de destinarlas a su reciclado:
A más tardar en 2023, el 70 % en peso respecto al introducido en el mercado. Estos porcentajes se van incrementando: 77 % (2025), 85 % (2027) Y 90 % (2029).
Alimentos sin desperdicio 